Las asociaciones organizadas que buscan influir en las políticas públicas sin nominar candidatos para cargos públicos son grupos de interés. Representan a industrias, profesiones, sindicatos, causas ambientales, grupos identitarios e innumerables otros colectivos.

Los grupos de interés ejercen presión sobre los legisladores, litigan, movilizan a los votantes y dan forma al debate público mediante investigaciones y campañas mediáticas. Sus recursos —dinero, información, número de miembros— determinan su acceso e impacto. La teoría pluralista los considera canales de representación eficaces; los críticos advierten sobre la captura y la influencia desigual que favorece a los intereses con mayores recursos.

Las normas de registro y divulgación buscan aumentar la transparencia. La distinción entre grupos de interés y partidos puede difuminarse cuando los grupos dominan de facto los procesos de nominación o cuando los partidos se convierten en coaliciones de intereses grupales. Los sistemas democráticos eficaces requieren tanto una actividad grupal dinámica como salvaguardias contra la distorsión de los objetivos públicos por el poder privado.

Un grupo de interés bien organizado puede mantener un tema en la agenda mucho después de que la atención del público en general haya pasado a otro asunto.