Los bancos operan a nivel internacional, pero la regulación es nacional. Esta discrepancia generó problemas. En la década de 1970, las quiebras bancarias en un país amenazaron la estabilidad de otros. En respuesta, los gobernadores de los bancos centrales de diez países formaron el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 1974. El comité se reúne en Basilea, Suiza, y emite normas que los países adoptan voluntariamente.

El primer Acuerdo de Basilea, de 1988, estableció requisitos mínimos de capital. Los bancos debían mantener un capital equivalente al menos al 8 % de sus activos ponderados por riesgo. Esto significaba que un banco con 100 millones de dólares en préstamos debía mantener 8 millones de dólares en capital. La idea era garantizar que los bancos pudieran absorber pérdidas sin quebrar. Basilea II, en 2004, perfeccionó las normas, permitiendo a los bancos utilizar modelos internos para evaluar el riesgo. Este enfoque resultó contraproducente en 2008, cuando dichos modelos subestimaron los riesgos de los títulos respaldados por hipotecas.

Basilea III, acordado en 2010 e implementado gradualmente durante la década siguiente, endureció los requisitos de capital, añadió un coeficiente de apalancamiento e introdujo normas de liquidez. Los bancos deben mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para sobrevivir a un escenario de estrés de 30 días. Asimismo, deben mantener un colchón contracíclico que se acumule en épocas de bonanza y pueda liberarse en épocas de crisis.

Los Acuerdos de Basilea no son leyes, sino normas. Cada país los implementa mediante su propia normativa. Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han adoptado versiones de Basilea III, aunque no idénticas. Estas diferencias son importantes para los bancos internacionales.