El uso del poder público para beneficio privado constituye corrupción. Esta incluye el soborno, la malversación, el nepotismo y la venta de influencias. El elemento común es la traición a la confianza pública en aras de una ventaja personal o faccional.

La corrupción distorsiona las políticas, eleva el costo de los servicios públicos y socava la confianza en las instituciones. Puede manifestarse de diversas maneras: desde pequeños sobornos por servicios rutinarios hasta de gran envergadura, como el desvío masivo de recursos estatales. La supervisión deficiente, la escasa transparencia y la discrecionalidad concentrada generan oportunidades para la corrupción. La fiscalía independiente, la libertad de prensa, la declaración de bienes y la contratación pública competitiva las reducen.

Medir la corrupción es difícil porque es un fenómeno oculto, pero los índices de percepción y los resultados de las auditorías ofrecen indicadores comparativos. Las campañas anticorrupción a veces tienen fines políticos, además de promover una reforma genuina. Una reducción sostenible requiere tanto la aplicación de la ley como cambios en los incentivos que hacen que la corrupción sea atractiva o de bajo riesgo.

Un único escándalo de gran repercusión puede cristalizar la ira pública que se ha ido acumulando durante años.