Todos, incluidos quienes gobiernan, están sujetos a la ley. Este principio constituye el estado de derecho. Las leyes deben ser públicas, prospectivas, claras y aplicadas por igual por tribunales independientes.

El Estado de derecho limita el poder arbitrario. Protege a las personas de la coerción impredecible y les permite planificar sus vidas e inversiones. Jueces independientes, tribunales accesibles y una cultura jurídica profesional son pilares institucionales que lo sustentan. La corrupción, la persecución selectiva y la legislación retroactiva lo socavan.

Ninguna sociedad alcanza un estado de derecho perfecto; el grado de aproximación varía considerablemente. Los índices internacionales intentan medirlo mediante indicadores de independencia judicial, ausencia de corrupción y equidad regulatoria. Los sistemas políticos que abandonan el estado de derecho en favor del mando personal o partidista pierden previsibilidad y, en última instancia, legitimidad.

Un gobierno que puede permitirse perder en sus propios tribunales es un gobierno que aún respeta el estado de derecho.