Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son un conjunto de estándares que los inversores utilizan para evaluar a las empresas más allá de su desempeño financiero. El componente ambiental analiza las emisiones de carbono, el uso de recursos y la generación de residuos. El componente social abarca las prácticas laborales, la diversidad y las relaciones con la comunidad. La gobernanza comprende la estructura del consejo de administración, la remuneración de los ejecutivos y los derechos de los accionistas.

La inversión ESG experimentó un rápido crecimiento en la década de 2010, cuando los inversores institucionales, los fondos de pensiones y los gestores de activos comenzaron a evaluar a las empresas según estos criterios. Algunos fondos excluyen a las empresas que no cumplen ciertos umbrales, como las productoras de tabaco o combustibles fósiles. Otros utilizan las puntuaciones ESG para orientar sus carteras hacia empresas mejor valoradas. La premisa es que las empresas con sólidas prácticas ESG están mejor gestionadas y menos expuestas a riesgos a largo plazo.

Este campo es controvertido. Los críticos argumentan que las puntuaciones ESG son inconsistentes, que las agencias de calificación discrepan entre sí y que algunas empresas utilizan el lenguaje ESG con fines de relaciones públicas sin modificar su comportamiento. Quienes lo apoyan sostienen que el marco impulsa a las empresas hacia mejores prácticas y ofrece a los inversores una forma de alinear su inversión con sus valores. El debate está lejos de estar zanjado y los estándares aún están en evolución.