Los funcionarios públicos responden por sus decisiones. La rendición de cuentas implica que quienes ostentan el poder pueden ser cuestionados, investigados y, cuando sea necesario, destituidos o sancionados por las consecuencias de sus actos.

En los sistemas democráticos, las elecciones constituyen la forma más básica de rendición de cuentas. Los votantes pueden rechazar a los líderes que no cumplen sus promesas. Los organismos de supervisión, los auditores independientes, los medios de comunicación libres y los tribunales proporcionan controles adicionales. Sin estos mecanismos, el poder tiende a concentrarse y el abuso se vuelve más difícil de detectar.

La rendición de cuentas también se aplica dentro del gobierno. Los funcionarios rinden cuentas a los ministros; los ministros rinden cuentas a las legislaturas. Los indicadores de desempeño, los requisitos de transparencia y las leyes de acceso a la información hacen más visible el funcionamiento del Estado. Este principio trasciende la política formal y se extiende a cualquier función que afecte al interés público.

• Requiere responsabilidad por las decisiones y los resultados.
• Respaldado por elecciones, supervisión y normas de transparencia.
• Se aplica a los funcionarios electos y designados.
• Se debilita cuando se retiene información o se capturan instituciones.