El poder de bloquear una decisión aprobada por otros se denomina veto. En los procesos legislativos, el veto ejecutivo permite al presidente o gobernador rechazar un proyecto de ley aprobado por la legislatura, aunque generalmente está sujeto a la posible anulación por una supermayoría.

Los vetos obligan a reconsiderar una ley y pueden obtener concesiones. La mera amenaza de veto influye en el contenido de la legislación antes de que llegue al poder ejecutivo. Algunos sistemas permiten el veto parcial de partidas presupuestarias; otros exigen la aprobación o el rechazo del proyecto de ley en su totalidad. En ocasiones, las organizaciones internacionales otorgan derechos de veto a sus miembros permanentes, como en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El veto es un mecanismo clásico de control en los sistemas de separación de poderes. Su uso excesivo puede generar confrontación; su uso insuficiente puede indicar debilidad. Los redactores constitucionales sopesan los beneficios estabilizadores del veto frente al riesgo de que una minoría obstaculice las acciones necesarias.

La retención de una sola firma puede paralizar un proyecto de ley que ha superado todos los obstáculos legislativos anteriores.