La participación democrática depende de la información. El derecho a saber es el principio según el cual el público tiene derecho a acceder a información sobre las actividades gubernamentales y otros asuntos de interés colectivo, a menudo plasmado en leyes de libertad de información y de reuniones públicas.

Los periodistas invocan el derecho a la información al solicitar documentos, asistir a sesiones públicas o justificar la publicación de material que los funcionarios prefieren mantener en secreto. Este principio entra en conflicto con los intereses legítimos de privacidad, seguridad y deliberación efectiva. Los sistemas jurídicos delimitan estos límites de manera diferente según el país y a lo largo del tiempo.

El ejercicio práctico del derecho a la información requiere procesos de solicitud eficaces, plazos exigibles y una revisión independiente de las denegaciones. Cuando estos mecanismos son débiles, el derecho formal pierde su validez. Unos regímenes sólidos de derecho a la información respaldan tanto el periodismo de investigación como la supervisión ciudadana ordinaria.

• Derecho público a la información sobre asuntos gubernamentales y cívicos
• Respaldado por las leyes de acceso a la información.
• Equilibrado con las preocupaciones de privacidad y seguridad.
• Permite la labor de vigilancia ciudadana y la participación cívica.