Un impuesto al carbono pone precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos cobran una tasa por tonelada de CO2 liberada. Los combustibles fósiles se encarecen en proporción a la cantidad de carbono que contienen. El carbón es el más afectado. El gas natural es el menos afectado entre las alternativas fósiles. Las energías renovables no tienen ningún costo directo.

La lógica es simple: si se aumenta el precio de la contaminación, la gente contamina menos. Aislan sus hogares, se pasan a los vehículos eléctricos o eligen fuentes de energía más limpias. Las empresas invierten en eficiencia. Los ingresos pueden utilizarse de diversas maneras: para reducir otros impuestos, financiar energías limpias o enviar reembolsos a los hogares.

Los países han seguido caminos distintos. Suecia introdujo un impuesto al carbono en 1991 y ahora cobra más de 100 dólares por tonelada. Canadá tiene un precio federal al carbono con reembolsos. La UE utiliza un sistema de comercio de emisiones en lugar de un impuesto puro. Australia aprobó un precio al carbono en 2012 y lo derogó dos años después en medio de una fuerte reacción política. La política funciona. La política es compleja.

Preguntas clave

• ¿Cuál es el precio por tonelada?
• Qué está cubierto
• Cómo se utilizan los ingresos
• Ajustes fronterizos para el comercio
• Impacto en los hogares y reembolsos