Algunas acciones policiales requieren autorización judicial previa. Una orden judicial es una resolución escrita que autoriza a las fuerzas del orden a realizar una acción específica, como arrestar a una persona o registrar un inmueble en busca de determinados objetos.

Las órdenes de arresto y registro deben basarse en causa probable y describir con precisión la persona o el lugar a registrar y los objetos que se buscan. Los agentes prestan declaración jurada; los jueces o magistrados las revisan antes de su emisión. Existen excepciones al requisito de la orden judicial en casos de circunstancias excepcionales, con consentimiento y en otras categorías reconocidas.

Las pruebas obtenidas en violación de las normas sobre órdenes judiciales pueden ser excluidas en procesos penales. También pueden surgir demandas civiles por registros o arrestos ilegales. El proceso de órdenes judiciales interpone a un funcionario neutral entre el Estado y los intereses privados de privacidad o libertad.

• Orden judicial que autoriza una acción policial específica.
• Requiere causa probable y particularidad.
• Se aplica a arrestos y registros, entre otros actos.
• Sin perjuicio de las excepciones reconocidas y los recursos de exclusión