Los gobiernos locales recaudan un impuesto anual basado en el valor catastral de los bienes inmuebles. Este impuesto se denomina impuesto sobre la propiedad y financia las escuelas, la seguridad pública, la infraestructura y otros servicios municipales.

Las tasas y las prácticas de tasación varían considerablemente según la jurisdicción. Los propietarios reciben facturas de impuestos, a menudo pagaderas a plazos. El impago puede generar intereses, multas y, finalmente, la ejecución hipotecaria por impago de impuestos. Muchos prestamistas recaudan los impuestos sobre la propiedad mediante una cuenta de depósito en garantía mensual para garantizar su pago puntual.

Los impuestos sobre la propiedad representan un costo significativo y recurrente, y se incluyen en los análisis de inversión. Existen procesos de apelación para los propietarios que consideren que sus tasaciones son excesivas. Según la legislación local, pueden aplicarse exenciones o limitaciones fiscales para la vivienda principal, las personas mayores u otras categorías.

La factura de impuestos llega todos los años, independientemente de si la propiedad ha generado ingresos o no.